martes, 30 de agosto de 2016

LA CUESTION PENAL





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La “cuestión penal” nos tiene acostumbrados a transportarnos a un escenario vergonzante; donde confluyen desde el oportunista político hasta el discutidor de todo. Una tribuna donde todos los sectores de la sociedad tienen derecho a participar.

“Lo penal” genera tal grado de discusión y polémica por los bienes jurídicos que protege -o pretende proteger- que abarcan un espectro muy amplio y variado. Desde la vida y la libertad, la delincuencia de cuello o guante blanco -que genera perjuicios por millones de dólares- hasta el robo de una bicicleta.

En este escenario de “lo penal” se destacan dos elementos que se encuentran permanentemente en tensión, “lo jurídico” por un lado y “el poder”. Así, con tal estructura, el Estado de Derecho tiene la pretensión de que el “derecho” cumpla la doble función de ser el organizador de la sociedad y además limitante o controlador del poder. Poder que también condicionará al derecho.

Es así que en este contexto de tensión o conflicto, en el que los factores de poder permanentemente buscan la forma o modo de ampliar su influencia e incumbencias, se desarrolla “el poder punitivo del Estado”.

Poder punitivo que resulta ser la manifestación del poder en materia penal, para algunos; la fuerza que motoriza el brazo ejecutor de la política criminal de un estado y que se nutre de la actuación o participación de una multiplicidad diversa de actores que van moldeando o esculpiendo ese poder punitivo, como pueden ser el poder político, el poder judicial, el poder mediático, las agencias de seguridad, etc.

Arturo Sampay enseñaba que la Constitución y la legislación consecuente son obras de las clases dominantes, así que, quien ejerce el poder, impone o pretende imponer su orden jurídico. Esto se ve, de modo más categórico, cuando lo que se pretende normativizar es la cuestión penal (derecho penal), la “ultima ratio”, lo más preciado y los horrores más tremendos que la sociedad pueda experimentar.

Es en este punto donde -según mi humilde opinión- el debate deja de ser “técnico” y se presenta con el ropaje de lo “ideológico”. Debe pensarse el sistema penal como una definición ideológica en su sentido más acabado. Por eso generó tanto rechazo y descalificación el intento de discutir y/o debatir el Código Penal, pues discutir el poder penal, discutir el poder punitivo, es interpelar y cuestionar el poder más férreo que tienen hoy en día los factores de poder en la Argentina.

El Código Penal argentino, de cien años, es el reflejo de los factores de poder de una sociedad absolutamente distinta de la actual. Es el reflejo de una sociedad donde no existía Internet, donde no se lavaba dinero por medio de deudas millonarias, donde las empresas no fundían países utilizando el sistema financiero, el derecho internacional no sabía de genocidios, ni se hablaba de delitos de lesa humanidad. En nuestro caso particular, la Argentina no había experimentado aún el perfil más oscuro y tenebroso de la dictadura cívico-militar, como resultan la desaparición forzada de personas y la apropiación de bebés.

Cuando discutimos sobre la “cuestión penal”, “lo penal”, “el poder punitivo”, estamos generando un debate ideológico sobre el brazo penal de los factores de poder real que se encuentran en permanente tensión con el derecho.

Y la cuestión es ideológica porque de lo que se trata es: ¿a quiénes vamos a proteger más? ¿Qué bien jurídico debe ser más protegido? ¿Qué delito es más aberrante? ¿Qué sector social o qué sector de la población será el más castigado?

No podemos dejar que nos confundan con una discusión menor sobre si la pena de un delito debe ser cinco años mayor o menor, en todo caso la discusión debería ser: ¿A quiénes vamos a encerrar? ¿Cuál es la finalidad de la pena para la sociedad argentina?

Al tratar la cuestión penal, los comunicadores pertenecientes a los factores de poder real nos colocan en la discusión sobre la cantidad de pena que corresponde a ese que han criminalizado como “moto-chorro”, pero que evitan hablar de las penas que se merecen los empresarios cómplices de los delitos más vergonzantes de la dictadura militar. Estos comunicadores, que disfrutan de alardear una supuesta especialidad en temas penales, utilizan muchísimo tiempo en hablar y debatir sobre el micro delito, pero nada dicen sobre la participación de las estructuras de las agencias de seguridad en el crimen organizado o crimen complejo; se llenan la boca hablando del pobre que roba, pero nada dicen sobre los responsables del genocidio o de la desaparición forzada de personas.

Para nosotros, que no nos referenciamos en la neutralidad académica, discutir sobre lo penal, necesariamente es una discusión ideológica.

Para terminar, una pregunta, o dos: ¿Quién puede afirmar seriamente que la prisión que sufre la referente social Milagro Sala no es producto de una persecución ideológica? ¿Quién puede afirmar seriamente que Milagro Sala no es una presa política?





lunes, 29 de agosto de 2016

El sendero del terror



https://elpaisdigital.com.ar/contenido/el-sendero-del-terror/1278

 

Desde hace unos días advierto que el oficialismo se encuentra avocado a construir en la corteza social y fijar en la cabeza del argentino medio la imagen de un odio irracional que estaría no sólo dirigido a hostigar e intimidar a las principales figuras del gobierno sino que además ese odio irracional resulta ser el caldo de cultivo de una maniobra desestabilizadora.
Sin perjuicio de señalar que este tipo de amenazas ocurren desde siempre y en todos los gobiernos, sin distinción de pertenencia política; y que en muchos casos se trata de amenazas que provienen de personas con algún grado de desequilibrio mental o emocional, lo cierto es que el  gobierno ha utilizado la herramienta de denunciar amenazas anónimas que supuestamente pondrían a las personas del Presidente, de la Vicepresidenta y de la Gobernadora de la Pcia. de Bs. As. en el lugar más peligroso de supuestos ataques contra su integridad física, para crear un estado de temor generalizado. Incluso se ha dejado abierta la línea argumental de que algunos de esos ataques sea obra del terrorismo internacional.
Claro está que desde estas líneas repudiamos los actos de violencia y que entendemos que los protocolos de seguridad que se corresponden con las máximas autoridades del gobierno deben ser observados de modo estricto, a fin de descartar o evitar situaciones de gravedad.
Ahora bien, lo que se intenta destacar es el uso, si se quiere marketinero, de que el gobierno ha hecho de estas supuestas amenazas, las que en mucho casos tienen el tufillo de “amenazas autoprovocadas” por el propio gobierno que se dan en el contexto de una “operación mediática” que cuanto menos aparece destinada a justificar algunas decisiones banales –como podría ser la utilización de vehículos blindados por las autoridades- pero que en verdad esconden su sentido más perverso, o si se quiere, su objetivo final, cual es, preparar las condiciones necesarias para desatar la represión contra el pueblo.
Desde siempre sostuvimos que el actual gobierno ha adoptado un Modelo de Estado Inhumano, que ante la masiva expulsión de sus ciudadanos a situaciones de exclusión social, derivación indefectible de la inconmensurable transferencia de capital a los sectores más concentrados de riqueza y poder, solo ve en el fortalecimiento del sistema de las fuerzas de seguridad la herramienta propicia para contener, por medio de la represión, a aquellos excluidos que han adoptado la disfuncionalidad impuesta por el Estado Inhumano, en la forma de la protesta o la militancia social.
En estos meses de macrismo, donde se percibe un obsceno lobby por las excarcelaciones y prisiones domiciliarias a favor de los genocidas, con entrevistas de funcionarios del gobierno con sus abogados defensores, hay una línea más tenebrosa que camina a la reinvención del enemigo interno con juego de asociaciones entre kirchnerismo, militancia y atentados terroristas, en un contexto editorial que todo el tiempo mira a Siria y el eje Estados Unidos y Rusia disputando lo que llaman “tercera guerra mundial”.
Así, con los medios masivos y hegemónicos de comunicación bombardeando a la población sobre una supuesta ola de temor y terror, el gobierno busca construir un escenario que le permita hacer modificaciones centrales a la ley de Seguridad, donde se permita a las FFAA una actuación más protagónica y luego articular un aparato represivo que les garantice ese “orden” tan caro a sus afectos.
Tras los intentos fallidos por la aprobación y aceptación del famoso “Protocolo Antipiquetes” y la imposibilidad cierta de contrarrestar las  multitudinarias manifestaciones populares de rechazo a las políticas neoliberales, el gobierno se encuentra preparando el terreno para la represión de la protesta social, y cualquier argumento o situación será propicia para ello, se trate de supuestos terroristas del ISIS o se trate de un par de trozos de barro supuestamente arrojados a una comitiva oficial.
Con todo ello, el gobierno se encuentra transitando un sendero del terror, sendero que se inició con la ilegítima privación de libertad de la compañera Milagro Sala y el intento de disciplinar a los militantes sociales y políticos.