El “Derecho Penal del Enemigo” y
la estrategia de “Lawfare”.
Ya en anteriores oportunidades nos hemos referimos a la persecución
política-judicial que el gobierno de Cambiemos despliega contra referentes
políticos, sociales, sindicales y empresarios a los que considera “enemigos”. Ello por expresar voces
contrarias a sus políticas y sus consecuencias.
Desde siempre, la persecución ejecutada por un Gobierno contra
opositores/as, desde el ángulo del Derecho Penal, se vinculó con la doctrina
del Derecho Penal del Enemigo. En la
actualidad se nos habla de un proceso mucho más sutil y complejo denominado “Lawfare”.
Sin entrar en disquisiciones filosóficas o análisis duros de la dogmática
penal y con muchas probabilidades de errar en la síntesis final, el Derecho
Penal del Enemigo, se caracteriza por no considerar persona –y por ende no
reconocer los atributos de la dignidad humana- al individuo imputado
penalmente, y consecuentemente relativizar o directamente suprimir lo que
denominamos “garantías constitucionales”.
Luego la consecuencia directa del Derecho Penal del Enemigo, es la
afectación concreta de la real vigencia del Estado de Derecho.
Desde otro ángulo, podrá advertirse la dificultad del empleo del par
dialectico amigo-enemigo. Ello, pues el concepto de “enemigo”, nos remite al
concepto “guerra”, el cual parece no resulta ser apropiado si lo que se
pretende desde el derecho es la solución pacífica de los conflictos.
En este punto no podrá soslayarse el
criterio amigo-enemigo en Carl Schmitt, jurista, filósofo e ideólogo del
nazismo.
Así, el par dialectico amigo-enemigo y la
remisión al concepto de “guerra” (pueden recordarse frases del tipo: “guerra a
las drogas”, “guerra al delito”), nos llevan al concepto actual de “Lawfare”.
Con similares limitaciones
que las señaladas para el desarrollo de la idea del Derecho Penal del Enemigo,
puede afirmarse, que la persecución judicial de la que es objeto el arco
opositor al Gobierno, se enmarca en una evidente de estrategia del “Lawfare”.
Entendiendo el “Lawfare” como el modo de guerra no convencional en el que
la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar. (Ver Coronel Qiao
Liang, Colonel WANG XIANQSUI, “Unrrestricted Warfare: China’s Master Plan to
Destroy America (Hardback), Estados Unidos, Echo Point Books & Media 2015.)
“Lawfare”, es una
nueva lógica política del neoliberalismo judicial, hace referencia al uso
indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, al uso de la
ley como un arma para destruir al adversario político por vía judicial.
La estrategia de
“Lawfare” requiera una justicia cómplice, medios de comunicación que trabajen
en absoluta concordancia con el objetivo de despedazar a las expresiones
populares y políticos que participen en el ataque, siempre propalado
generosamente por los medios de comunicación y luego capitalicen los resultados
de denostar, inhabilitar y desprestigiar a las representaciones populares que
se enfrenten a los intereses de los grandes grupos económicos.
Se trata de una
maniobra que se aparta del Estado de Derecho en nombre del Estado de Derecho,
al igual que cuando se declara la guerra en nombre de la paz
Debemos recordar
en este sentido que: “La categorización histórica-jurídica del Estado de
derecho constituye la consagración de un proyecto ideológico que tuvo por
objeto asegurar la libertad y especialmente, la seguridad de los individuos,
mediante la demarcación de los límites entre el poder y la prepotencia, la
discrecionalidad y la arbitrariedad […] En rigor, representan más que un mero
límite, ya que constituyen el propio fundamento del sistema democrático y
constitucional. La protección trasnacional refuerza esta perspectiva, al
presentarse como una instancia internacional de protección de los derechos
fundamentales, dada la real posibilidad de que los Estados incumplan los
compromisos internacionales asumidos en los tratados regionales y universales
de derechos humanos” (DUHALDE, Eduardo Luis. “El Estado Terrorista Argentino”.
Ed. Colihue, CABA 2014, pág. 51).
El Derecho Penal
del Enemigo y la estrategia del “Lawfare” y la consecuente nueva construcción
del enemigo interno son parte de la realidad nacional, donde el Estado de
Derecho se encuentra en estado de vulnerabilidad.
La construcción del Enemigo
Interno y El Derecho Penal del Enemigo. Caso “guerra contra las drogas” de Richard
Nixon.
En la década de los años 70,
RICHARD NIXON, asume la Presidencia de los EE.UU. Con su llegada, el Partido
Republicano termina con la cuasi hegemonía del Partido Demócrata.
En el período que
se prolonga desde el año 1933 a 1969 –excepto por el mandato del republicano Dwight D.
Eisenhower-, se sucedieron Presidentes
Demócratas, que podría decirse observaban –con matices- los lineamientos del
“Estado de Bienestar”. ( Franklin D. Roosevelt, Harry
S. Truman,
John F. Kennedy, y Lyndon
B. Johnson).
Por el contrario, Richard Nixon encarno el
prototipo del “Estado de Malestar” o “Estado Gendarme”. Prototipos que hoy en
día responde a los Estados caracterizados por imponer políticas neoliberales.
Bien, fue Richard Nixon quien inicia la
“guerra contra las drogas”, centrada en la persecución del “consumidor/adicto
delincuente”, dado que su conducta ponía en peligro la “Seguridad Nacional” por
favorecer la “subversión”.
Es recordado el discurso de Richard Nixon,
donde expreso frases tales como:
“No hay respeto sino se respeta la ley”
“Necesitamos una guerra total en EEUU contra
los demonios
que vemos en nuestras ciudades”
“Debemos dar lugar a lo que hemos llamado
guerra total contra el enemigo n° 1 de los EEUU, las drogas peligrosas”
“Esta es una Nación de leyes, y como ha dicho
Abraham Lincoln, nadie está sobre la ley, nadie está debajo de la ley y vamos a
hacer cumplir la ley”
“LOS ESTADOUNIDENSES DEBEN RECORDAR
QUE VAMOS A IMPONER LA LEY Y EL ORDEN”
Como luego se supo, con esta “guerra a las
drogas”, Nixon persiguió a quienes consideraba sus enemigos internos: el poder
negro, el movimiento pacifista, el movimiento por la liberación de las mujeres
y el movimiento gay.
John Ehrlichman, Secretario de Seguridad del
Presidente Nixon, supo reconocer que las “guerras contra las drogas” había sido
creada para “meter negros a la cárcel”.
La campaña de Nixon en el año 1968 y luego “La
Casa Blanca de Nixon”, tuvieron dos “enemigos”, la izquierda antibélica y el
poder negro.
“Hicimos que la población asocie a los hippies
con la marihuana y a los negros con la heroína, y asi criminalizarlos con
dureza y acabar con esas comunidades” (John Ehrlichman).
“Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus
casas, parar sus reuniones y denigrarlos noche tras noche en los noticieros. ¿Si
sabíamos que mentíamos? Claro que si” (John Ehrlichman)
La “guerra
total contra las drogas” de Richard Nixon, fue avalada en nuestro país con el
dictado de la ley 20.771.
En
la misma línea de Richard Nixon, el Presidente Republicano Ronald Reagan
(1981-1989), convirtió la guerra contra las drogas en una guerra literal, en la
cual negros, hispanos y latinos fueron en masa a prisión.
El
gobierno de Ronald Reagan se caracterizó por la desigualdad económica, la
segregación y la criminalización total.
La construcción del Enemigo
Interno y El Derecho Penal del Enemigo. Lawfare. Geopolítica. Caso “guerra
contra la corrupción” de Donald Trump.
En este punto
debemos iniciar refiriéndonos a Rex Tilerson, primer Secretario de Estado de
los EE. UU, del Presidente Republicano Donald Trump.
Corresponde
señalar que el Secretario de Estado en los EE. UU, es, además del encargado de
las relaciones internacionales, el segundo miembro de mayor rango, tanto en
línea de sucesión como de preferencia del Gabinete del Presidente de los
Estados Unidos.
Antes, Rex
Tilerson fue Presidente de Exxon Mobil Corporation entre 2006 y 2016, la quinta
mayor empresa atendiendo a su capitalización de mercado.
Ahora bien,
Rex Tilerson, formado en la Universidad de Texas, propugna la teoría que
corresponde agregar a la agenda de la Defensa Nacional Norteamericana, la
“guerra contra la corrupción” y asi poder operar contra las empresas chinas y
rusas que amenazas los intereses de las empresas norteamericanas.
En este
punto, también es de destacar la designación del ex Juez de Texas, doctor
Edward Prado, como Embajador de los EE. UU en nuestro país.
En
coincidencia con Rex Tilerson, Edward Prado ha afirmado que: “también son
enemigos de los EE. UU, las empresas nacionales locales de cada país que de
cualquier modo impidan u obstaculicen la participación de las empresas
norteamericanas”.
Prado, desde
su llegada, se mostró dispuesto a colaborar para “mejorar el sistema judicial
argentino” y “permitir que las empresas norteamericanas vengan a la Argentina”.
Pero Prado
enciende una alerta cuando habla de las relaciones bilaterales, esa alerta
tiene nombre y apellido: CHINA. “la creciente de presencia de China ciertamente
presenta un desafío para la región. Los esfuerzos de China por adecuar las
reglas a la conveniencia de sus empresas y compañías en ocasiones chocan con el
interés con la Argentina por mantener un orden mundial en términos de
regulaciones” (declaraciones a Infobae).
Luego de
estas designaciones y declaraciones, fuimos testigos en nuestro país, de cómo
jueces y fiscales compitieron para ver quién era el primero es saciar la sed
republicana que pidió a gritos encarcelar a cuanto kirchnerista andaba suelto.
Apreciamos,
en tiempo real, como se forzaba el paradigma judicial en la construcción del
enemigo interno, y una nueva doctrina de la Seguridad Nacional, que lejos de
buscar la verdad y la transparencia, sólo busco garantizar la impunidad del
poder financiero y mediático, para lograr la continuidad de las derechas en el
poder.
Las causas “la
ruta del dinero K”, “obra vial en Santa Cruz”, “cuadernos” –por mencionar solo
algunas- son ejemplos de cómo el Poder Judicial se ha convertido en un factor
determinante en los procesos destituyen tés (recuérdense los casos de Lula y
Dilma en Brasil). El Poder Judicial no es un simple cómplice, sino que ahora
resulta un eslabón central en la configuración de la nueva Doctrina de
Seguridad Nacional.
Ya es tiempo
que se entienda que todos los órganos del Estado, deben apegarse a derecho. Y
los jueces con más razón.
Dr.
Víctor E Hortel
