martes, 30 de agosto de 2016

LA CUESTION PENAL





 https://elpaisdigital.com.ar/contenido/la-cuestin-penal-el-milagro-de-gerardo/527




La “cuestión penal” nos tiene acostumbrados a transportarnos a un escenario vergonzante; donde confluyen desde el oportunista político hasta el discutidor de todo. Una tribuna donde todos los sectores de la sociedad tienen derecho a participar.

“Lo penal” genera tal grado de discusión y polémica por los bienes jurídicos que protege -o pretende proteger- que abarcan un espectro muy amplio y variado. Desde la vida y la libertad, la delincuencia de cuello o guante blanco -que genera perjuicios por millones de dólares- hasta el robo de una bicicleta.

En este escenario de “lo penal” se destacan dos elementos que se encuentran permanentemente en tensión, “lo jurídico” por un lado y “el poder”. Así, con tal estructura, el Estado de Derecho tiene la pretensión de que el “derecho” cumpla la doble función de ser el organizador de la sociedad y además limitante o controlador del poder. Poder que también condicionará al derecho.

Es así que en este contexto de tensión o conflicto, en el que los factores de poder permanentemente buscan la forma o modo de ampliar su influencia e incumbencias, se desarrolla “el poder punitivo del Estado”.

Poder punitivo que resulta ser la manifestación del poder en materia penal, para algunos; la fuerza que motoriza el brazo ejecutor de la política criminal de un estado y que se nutre de la actuación o participación de una multiplicidad diversa de actores que van moldeando o esculpiendo ese poder punitivo, como pueden ser el poder político, el poder judicial, el poder mediático, las agencias de seguridad, etc.

Arturo Sampay enseñaba que la Constitución y la legislación consecuente son obras de las clases dominantes, así que, quien ejerce el poder, impone o pretende imponer su orden jurídico. Esto se ve, de modo más categórico, cuando lo que se pretende normativizar es la cuestión penal (derecho penal), la “ultima ratio”, lo más preciado y los horrores más tremendos que la sociedad pueda experimentar.

Es en este punto donde -según mi humilde opinión- el debate deja de ser “técnico” y se presenta con el ropaje de lo “ideológico”. Debe pensarse el sistema penal como una definición ideológica en su sentido más acabado. Por eso generó tanto rechazo y descalificación el intento de discutir y/o debatir el Código Penal, pues discutir el poder penal, discutir el poder punitivo, es interpelar y cuestionar el poder más férreo que tienen hoy en día los factores de poder en la Argentina.

El Código Penal argentino, de cien años, es el reflejo de los factores de poder de una sociedad absolutamente distinta de la actual. Es el reflejo de una sociedad donde no existía Internet, donde no se lavaba dinero por medio de deudas millonarias, donde las empresas no fundían países utilizando el sistema financiero, el derecho internacional no sabía de genocidios, ni se hablaba de delitos de lesa humanidad. En nuestro caso particular, la Argentina no había experimentado aún el perfil más oscuro y tenebroso de la dictadura cívico-militar, como resultan la desaparición forzada de personas y la apropiación de bebés.

Cuando discutimos sobre la “cuestión penal”, “lo penal”, “el poder punitivo”, estamos generando un debate ideológico sobre el brazo penal de los factores de poder real que se encuentran en permanente tensión con el derecho.

Y la cuestión es ideológica porque de lo que se trata es: ¿a quiénes vamos a proteger más? ¿Qué bien jurídico debe ser más protegido? ¿Qué delito es más aberrante? ¿Qué sector social o qué sector de la población será el más castigado?

No podemos dejar que nos confundan con una discusión menor sobre si la pena de un delito debe ser cinco años mayor o menor, en todo caso la discusión debería ser: ¿A quiénes vamos a encerrar? ¿Cuál es la finalidad de la pena para la sociedad argentina?

Al tratar la cuestión penal, los comunicadores pertenecientes a los factores de poder real nos colocan en la discusión sobre la cantidad de pena que corresponde a ese que han criminalizado como “moto-chorro”, pero que evitan hablar de las penas que se merecen los empresarios cómplices de los delitos más vergonzantes de la dictadura militar. Estos comunicadores, que disfrutan de alardear una supuesta especialidad en temas penales, utilizan muchísimo tiempo en hablar y debatir sobre el micro delito, pero nada dicen sobre la participación de las estructuras de las agencias de seguridad en el crimen organizado o crimen complejo; se llenan la boca hablando del pobre que roba, pero nada dicen sobre los responsables del genocidio o de la desaparición forzada de personas.

Para nosotros, que no nos referenciamos en la neutralidad académica, discutir sobre lo penal, necesariamente es una discusión ideológica.

Para terminar, una pregunta, o dos: ¿Quién puede afirmar seriamente que la prisión que sufre la referente social Milagro Sala no es producto de una persecución ideológica? ¿Quién puede afirmar seriamente que Milagro Sala no es una presa política?





lunes, 29 de agosto de 2016

El sendero del terror



https://elpaisdigital.com.ar/contenido/el-sendero-del-terror/1278

 

Desde hace unos días advierto que el oficialismo se encuentra avocado a construir en la corteza social y fijar en la cabeza del argentino medio la imagen de un odio irracional que estaría no sólo dirigido a hostigar e intimidar a las principales figuras del gobierno sino que además ese odio irracional resulta ser el caldo de cultivo de una maniobra desestabilizadora.
Sin perjuicio de señalar que este tipo de amenazas ocurren desde siempre y en todos los gobiernos, sin distinción de pertenencia política; y que en muchos casos se trata de amenazas que provienen de personas con algún grado de desequilibrio mental o emocional, lo cierto es que el  gobierno ha utilizado la herramienta de denunciar amenazas anónimas que supuestamente pondrían a las personas del Presidente, de la Vicepresidenta y de la Gobernadora de la Pcia. de Bs. As. en el lugar más peligroso de supuestos ataques contra su integridad física, para crear un estado de temor generalizado. Incluso se ha dejado abierta la línea argumental de que algunos de esos ataques sea obra del terrorismo internacional.
Claro está que desde estas líneas repudiamos los actos de violencia y que entendemos que los protocolos de seguridad que se corresponden con las máximas autoridades del gobierno deben ser observados de modo estricto, a fin de descartar o evitar situaciones de gravedad.
Ahora bien, lo que se intenta destacar es el uso, si se quiere marketinero, de que el gobierno ha hecho de estas supuestas amenazas, las que en mucho casos tienen el tufillo de “amenazas autoprovocadas” por el propio gobierno que se dan en el contexto de una “operación mediática” que cuanto menos aparece destinada a justificar algunas decisiones banales –como podría ser la utilización de vehículos blindados por las autoridades- pero que en verdad esconden su sentido más perverso, o si se quiere, su objetivo final, cual es, preparar las condiciones necesarias para desatar la represión contra el pueblo.
Desde siempre sostuvimos que el actual gobierno ha adoptado un Modelo de Estado Inhumano, que ante la masiva expulsión de sus ciudadanos a situaciones de exclusión social, derivación indefectible de la inconmensurable transferencia de capital a los sectores más concentrados de riqueza y poder, solo ve en el fortalecimiento del sistema de las fuerzas de seguridad la herramienta propicia para contener, por medio de la represión, a aquellos excluidos que han adoptado la disfuncionalidad impuesta por el Estado Inhumano, en la forma de la protesta o la militancia social.
En estos meses de macrismo, donde se percibe un obsceno lobby por las excarcelaciones y prisiones domiciliarias a favor de los genocidas, con entrevistas de funcionarios del gobierno con sus abogados defensores, hay una línea más tenebrosa que camina a la reinvención del enemigo interno con juego de asociaciones entre kirchnerismo, militancia y atentados terroristas, en un contexto editorial que todo el tiempo mira a Siria y el eje Estados Unidos y Rusia disputando lo que llaman “tercera guerra mundial”.
Así, con los medios masivos y hegemónicos de comunicación bombardeando a la población sobre una supuesta ola de temor y terror, el gobierno busca construir un escenario que le permita hacer modificaciones centrales a la ley de Seguridad, donde se permita a las FFAA una actuación más protagónica y luego articular un aparato represivo que les garantice ese “orden” tan caro a sus afectos.
Tras los intentos fallidos por la aprobación y aceptación del famoso “Protocolo Antipiquetes” y la imposibilidad cierta de contrarrestar las  multitudinarias manifestaciones populares de rechazo a las políticas neoliberales, el gobierno se encuentra preparando el terreno para la represión de la protesta social, y cualquier argumento o situación será propicia para ello, se trate de supuestos terroristas del ISIS o se trate de un par de trozos de barro supuestamente arrojados a una comitiva oficial.
Con todo ello, el gobierno se encuentra transitando un sendero del terror, sendero que se inició con la ilegítima privación de libertad de la compañera Milagro Sala y el intento de disciplinar a los militantes sociales y políticos.

viernes, 24 de junio de 2016

EL SECTARISMO POLITICO





Perón se refería al sectarismo político como una de las deformaciones de la conducción política.

"CON SECTARISMO NO HAY CONDUCCIÓN". "El sectarismos es el primer enemigo de la conducción, porque la conducción es de sentido universalista, es amplia, y donde hay sectarismo se muere porque la conducción no tiene suficiente oxigeno para poder vivir".

Según el General, no se podía conducir a los elementos sectarios, pues porque cuando llega el momento de que la conducción debe hechar mano a un recurso extraordinario, el sectario dice NO. Entonces, los métodos y los recursos de lucha se reducen a un sector tan pequeño que presentan una enorme debilidad frente a otros más hábiles que utilizan todos los recursos que la situación les ofrece para la conducción.

Por eso, para Perón, EL SECTARISMO ES LA TUMBA DE LA CONDUCCIÓN EN EL CAMPO POLÍTICO.

Perón formulaba una distinción entre la conducción sectaria y el adoctrinamiento. Sostenía que: "La doctrina no es una regla fija para nadie. Es, en cambio, una gran orientación, con principios; con principios que se cumplen siempre de distinta manera. No se está atado a nada fio, pero sí se tiene la orientación espiritual para resolverse, en todas las ocasiones, dentro dle una misma direccion, pero en un inmenso campo de acción para la ejecución".

De otra banda, Perón sugería que el conductor debia estar siempre lejos de la pasión, pues la pasión resulta generalmente, producto de un sectarismo.

"Cuando el hombre que conduce toda la política se sectariza, pierde la mitad de las armas que tiene para defenderse". 



Ello ocurre, pues cuando quien conduce obedece a la pasión, abandona la conducción de todos, para dirigirse a un sector que es el que lo apasiona. "ESE NO ES UN CONDUCTOR".

La lucha -según Perón-  debe tender a la universalidad en la utilización de los medios.

El sectario se va cortando las manos solo, mientras que el otro combate con todos los medios.

Esa es la ruina del sectario, Esa es su muerte.

EL SECTARIO RENUNCIA POR SÍ A MUCHOS MEDIOS DE LUCHA, CUANDO EN POLÍTICA HAN QUE MULTIPLICARLOS PARA VENCER.

Es el pasionismo de los hombres el que los lleva a su sectarismo.

De manera que el conductor no puede ser nunca sectario si ambiciona el éxito, si quiere el éxito y si tiene el deber del éxito.


CONDUCCIÓN POLÍTICA

Juan D. Perón.

jueves, 23 de junio de 2016

CONDUCIR ES ACTUAR Y CREAR







El arte tiene un sentido vital que no puede reemplazarse con la técnica.

Por eso digo que no son en realidad los conocimientos ni la extraordinaria erudicción lo que da la capacidad.

CONDUCIR ES ACTUAR, ES CREAR.

Lo único que la técnica enseña es un sistema, pero no enseña los medios para realizarlo. Eso está en cada individuo, o no está.

Por eso digo que no presupone un perito en ciencias políticas y sociales un buen conductor político.

Tenemos tantos formados por nuestras facultades y, sin embargo, no he visto ninguno que se haya destacado en el oren de la conducción política.

La conducción política necesita, para triunfar, en este orden de cosas y en primer término, un conductor.

Pero un conductor en la política no ha de ser sólo eso; tiene que se un maestro, porque su acción no es solamente conducir, sino que es, primeramente enseñar; luego formar; organizar después, y, por último, recien conducir.


CONDUCCIÓN POLÍTICA

JUAN DOMINGO PERÓN


jueves, 7 de abril de 2016



MALVINAS. 


 SEPARAR LA PAJA DEL TRIGO. LOS COBARDES.-

Todos los 2 de abril recordamos el tema Malvinas.

La primer reacción es la de recordar y honrar la memoria de todos nuestros muertos durante la guerra, especialmente a los soldados conscriptos.

Recordar a “Los Bravos de Malvinas” como los héroes que son.

Y, claramente también, recordar y honrar a todos nuestros veteranos de guerra, a los que aún resisten las secuelas del conflicto bélico y a aquellos que agobiados y olvidados han decidido quitarse la vida.

Ahora bien, simultáneamente a estos homenajes y recuerdos a nuestros héroes, debemos expresar nuestro más profundo repudio a los ladinos que se quisieron reciclar como héroes de guerra.

Me refiero, a los más de cien oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que fueron  juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad, o por haber atentado luego de la guerra contra los sucesivos gobiernos democráticos.

Personajes como Alfredo AstÍz, Pedro Giachino, Mario Benjamín Menéndez, Julio Cesar Binotti u Horacio Losito –por citar solo algunos-, no pueden ser considerados “héroes de guerra”, por la sencilla razón que no se puede ser héroe de guerra si se participó activamente en el genocidio implementado por la última dictadura cívico-militar.

Debemos tener en claro que a Malvinas no fue un ejército “sanmartiniano”, sino que fueron los mismos que años antes, habían torturado, asesinado y desaparecido a millares de personas durante el régimen militar.

Es del caso recordar, que Alfredo AstÍz, a cargo del grupo comando de la Armada Argentina, denominado: “los Lagartos”, con el cual había desembarcado en la Georgias del Sur, se rindió a las tropas británicas sin siquiera haber disparado un solo tiro.

Este Alfredo AstÍz, es el mismo que se infiltró en las reuniones de la Iglesia de Santa Cruz –donde participaba Azucena Villaflor-, para luego torturar, secuestrar y desaparecer a las monjas francesas Alice Domon y Leonide Duquet y a la joven Dagmar Hagelin.

En el caso del Coronel Horacio Losito –a quien decidí alojar en “cárcel común” en oportunidad de desempeñarme como Director Nacional del SPF- integro la Compañía de Comando de Ejército 602 y fue herido y tomado prisionero; por ello recibió condecoraciones del Congreso de la Nación por haber sido herido en combate y al mérito militar. Losito fue condenado penalmente a prisión perpetua por la masacre de “Margarita Belén”, donde veintidós presos políticos fueron asesinados en 1976.

Losito, también integro el grupo autodenominado “Carapintadas” y llego al desempeñarse como agregado militar en Roma, hasta que fue relevado  por  el Presidente Néstor Kirchner.

Con estos dos breves ejemplos, quiero mostrar como aquellos que eran tan “valientes” y “guerreros” torturando, asesinando y desapareciendo civiles, fueron, luego, tan cobardes al momento de enfrentarse a un enemigo militar.

LA VISIÓN ESTRATÉGICA INGLESA.-

Los españoles abandonan las islas durante el año 1811, al tomar conocimiento de la noticia acerca de la Revolución de Mayo.

Tal abandono español, es prontamente registrada por el Imperio Británico, que ya había iniciado su política de conquista en el Atlántico Sur. En el año 1806 Inglaterra ocupa el Cabo de Buena Esperanza y  durante los años 1815 y 1816 conquista la Isla de Santa Elena y Tristán Da Cunha, lo que sumado a la posesión del Peñón de Gibraltar, le daba un control estratégico, no sólo sobre el Atlántico Sur, sino también, sobre el Mar Mediterráneo.

En esta política de expansión del Imperio Británico, durante el año 1824, nuestro país firma el famoso Empréstito de la Baring Brother –de la mano de Bernardino Rivadavia-.

Una de las consecuencias de la firma y cumplimiento de ese nefasto empréstito, fue que durante el año 1828 Inglaterra presiona para que la Argentina venda o remate su flota naval y cumpla así con los pagos programados de la deuda.

Posteriormente, en el año 1833, Inglaterra ocupa las Islas Malvinas, cuando ya la Argentina, no contaba con una flota naval que permitiese la defensa de las islas.

Se observa entonces como ese proceso de endeudamiento, ahogamiento económico, ajustes financieros, remate de los bienes del Estado, y posterior colonización de parte del territorio por el Imperio Británico, responde a una visión estratégica de expansión del imperio.

HÉROES DE LA HISTORIA. LOS GAUCHOS.-

Durante la segunda mitad del año 1832 parte de Río de Janeiro la corbeta inglesa “Clio”, con destino a Puerto Egmont, con el objetivo de tomar el archipiélago para Su Majestad.

Así, el primero de enero de 1833, los ingleses intiman rendición al Teniente Coronel José María Pinedo, quien entrega la plaza el día 3 de enero.

En verdad, desconozco si este Teniente Coronel, José María Pinedo, resulta familiar de los Pinedo de nuestra historia más reciente;  me refiero al  Federico Pinedo, intendente de Bs. As. A finales del siglo XIX, y al  Federico Pinedo que ocupó varias veces el cargo de Ministro de Economía, durante la Década Infame en el gobierno de Justo y luego en el gobierno de Guido.

Aquí, cobra histórica relevancia la mítica figura del Gaucho Rivero.

El Gaucho Rivero, inicia su historia defendiendo la Patria, de la mano del Brigadier General Juan Manuel de Rosas, en la Batalla de Obligado, ocurrida en noviembre de 1845.

Es del caso destacar que la Batalla de Obligado, como lucha clave en defensa de la integridad territorial, es que la obliga, tanto a Francia como a Inglaterra a aceptar y respetar la soberanía argentina sobre los ríos interiores.

Posteriormente, la historia ubica al Gaucho Rivero junto al Gaucho Molina, repeliendo un ataque portugués a lo que hoy se conoce como Carmen de Patagones. Debemos recordar que los portugueses actuaban como “adelantados” de la flota naval inglesa, que luego invadiría Malvinas.

Finalmente, el Gaucho Rivero se encuentra en Malvinas, al momento del desembarco ingles en las islas y combate en una situación de absoluta desigualdad durante ocho meses, logrando que desde el 3 de enero –en que se rinde el Teniente Coronel Pinedo- hasta el 26 de agosto de 1833, la autoridad británica no pudiera establecerse formalmente en las islas por la imposibilidad de poder izar su bandera.

Me resulta interesante esta referencia a como la entrega de la Patria, se relaciona a lo largo de la historia, siempre con los mismos apellidos; mientras que la defensa de su soberanía e integridad territorial, siempre encuentra a los mismos, a los gauchos, peleando y combatiendo, allí donde la Patria lo exigía.

NUESTOS SOLDADOS. LOS VERDADEROS HÉROES, 


Sólo transcribo el texto de una cruz:

“Allí están. Todavía. No están en tierra extraña. Es su Patria más que la nuestra; le han dado su sangre, sus sueños, su valor, sus miedos, su adolescencia, porque allí quebraron ese instante fugaz que convierte a un niño en un hombre. Y le han dado más porque muertos alimentan su tierra mezquina. Allí están. Son los que pelearon una guerra propia, solos. Sin conocer los intereses políticos que los hicieron convertirse en héroes antes de vivir como hombres. No descansaran en paz hasta que con Malvinas o sin Malvinas la Argentina sea el país por el que ofrendaron sus veinte años”

GLORIA ETERNA AL GAUCHO RIVERO

GLORIA ETERNA A LOS BRAVOS HÉROES DE MALVINAS.


Víctor E. Hortel

lunes, 15 de febrero de 2016

LO PENAL







La “cuestión penal” nos tiene acostumbrados a transportarnos a un escenario vergonzante; donde confluyen desde el oportunista político, hasta el discutidor de todo. Una tribuna donde todos los sectores de la sociedad tienen derecho a participar.

“Lo penal”, genera tal grado de discusión y polémica por los bienes jurídicos que protege  - o pretende proteger- que abarcan un espectro muy amplio y variado. Desde la vida y la libertad, la delincuencia de cuello o guante blanco-que genera perjuicios por millones de dólares- hasta el robo de una bicicleta.

En este escenario de “lo penal” se destacan dos elementos que se encuentran permanentemente en tensión, “lo jurídico” por un lado y “el poder”. Así, con tal estructura, el Estado de Derecho tiene la pretensión que el “derecho” cumpla la doble función de ser el organizador de la sociedad y además limitante o controlador del poder. Poder que también condicionará  al derecho.

Es así, que en este contexto de tensión o conflicto, en el que los factores de poder permanentemente buscan la forma o modo de ampliar su influencia e incumbencias, se desarrolla “el poder punitivo del Estado”.

Poder punitivo que resulta ser la manifestación del poder en materia penal, para algunos; la fuerza que motoriza el brazo ejecutor de la política criminal de un estado y que se nutre de la actuación o participación de una multiplicidad diversa de actores que van moldeando o esculpiendo ese poder punitivo, como pueden ser el poder político, el poder judicial, el poder mediático, las agencias de seguridad, etc.

Arturo Sampay, enseñaba que la Constitución y la legislación consecuente, son obras de las clases dominantes, así que, quien ejerce el poder, impone o pretende imponer su orden jurídico.  Esto se ve, de modo más categórico cuando lo que se pretende normativizar es la cuestión penal (derecho penal), la ‘ultima ratio”, lo más preciado y los horrores más tremendos que la sociedad pueda experimentar.

Es en este punto donde –según mi humilde opinión- el debate deja de ser “técnico” y se presenta con el ropaje de lo “ideológico”. Debe pensarse el sistema penal como una definición ideológica en su sentido más acabado. Por eso generó tanto rechazo y descalificación el intento de discutir y/o debatir el Código Penal, pues discutir  el poder penal, discutir el poder punitivo, es interpelar y cuestionar el poder más férreo que tienen hoy en día los factores de poder en la Argentina.

El Código Penal argentino, de cien años, es el reflejo de los factores de poder de una sociedad absolutamente distinta a la actual. Es el reflejo de una sociedad donde no existía internet, donde no se lavaba dinero por medio de deudas millonarias, donde las empresas no fundían países utilizando el sistema financiero, el derecho internacional no sabía de genocidios, ni se hablaba de delitos de lesa humanidad. En nuestro caso particular, la Argentina no había experimentado aún el perfil más oscuro y tenebroso de la dictadura cívico- militar, como resultan la desaparición forzada de personas y la apropiación de bebes.

Cuando discutimos sobre la “cuestión penal”, “lo penal”, “el poder punitivo”, estamos generando un debate ideológico sobre el brazo penal de los factores de poder real que se encuentran en permanente tensión con el derecho.
Y la cuestión es ideológica porque de lo que se trata es a quienes vamos a proteger más?, qué bien jurídico debe ser más protegido?, que delito es más aberrante?, que sector social, o que sector de la población será el más castigado?.

No podemos dejar que nos confundan con una discusión menor sobre si la pena de un delito debe ser cinco años mayor o menor, en todo caso la discusión debería ser: a quienes vamos a encerrar?, cual es la finalidad de la pena para la sociedad argentina?.

Al tratar la cuestión penal, los comunicadores pertenecientes a los factores de poder real nos colocan en la discusión sobre la cantidad de pena que corresponde a ese que han criminalizado como “moto-chorro”, pero que evitan hablar de las penas que se merecen los empresarios cómplices de los delitos más vergonzantes de la dictadura militar. Estos comunicadores, que disfrutan de alardear una supuesta especialidad en temas penales, utiliza muchísimo tiempo en hablar y debatir sobre el micro delito, pero nada dicen sobre la participación de las estructuras de las agencias de seguridad en el crimen organizado o crimen complejo; se llenan la boca hablando del pobre que roba, pero nada dicen sobre los responsables del genocidio o de la desaparición forzada de personas.

Para nosotros, que no nos referenciamos en la neutralidad académica, discutir sobre lo penal, necesariamente es una discusión ideológica.


Para terminar, una pregunta, o dos: quien puede afirmar seriamente que la prisión que sufre la referente social Milagro Sala no es producto de una persecución ideológica?. Quien puede afirmar seriamente que Milagro Sala no es una presa política?

lunes, 4 de enero de 2016

Constitucionalismo Social







“Garantías individuales en el Constitucionalismo Social”.


1ro. Breve contexto de aproximación. “Estado de Derecho”.

        La idea del “Estado de Derecho” queda encerrada en la realidad de un “Estado Constitucional”, y por tal debe entenderse el propio de los regímenes democráticos y pluralistas, en abierta oposición a las múltiples formas autocráticas, que van desde el autoritarismo hasta el totalitarismo.
        “Estado de Derecho”, es el “Estado Constitucional”, que no es otra cosa que el tipo de Estado basado en la democracia y en el pluralismo, que supone: soberanía popular, creación del derecho por intervención o representación de los gobernados, predominio del consenso sobre la coerción en la toma de las decisiones políticas fundamentales, separación y distribución de poderes, limitación y control del poder, independencia del controlante respecto del controlado, libertades individuales y derechos sociales, pluralismo de partidos (ideas) y de grupos (intereses), alternancia en el acceso al poder, régimen de garantías, responsabilidad de los gobernantes.
        El “Estado de Derecho” o “Estado Constitucional” viene a resultar una organización del poder a través del Derecho. No cualquier Estado ni cualquier Derecho. El Estado y el Derecho que corresponden a las pautas antes señaladas.
        El “Estado de Derecho”, el “Estado Constitucional”, es un “ESTADO GARANTISTA”, lo que significa que en las etapas del proceso gubernamental existen instancias de control que si bien pueden estar dirigidas a preservar la legalidad o la constitucionalidad formales, también están orientadas a la salvaguarda de los derechos subjetivos de las personas que resulten afectadas por actos lesivos del ordenamiento vigente.
        La relación entre “control” y “constitucionalidad” en tan estrecho como la relación entre “garantismo” y “derechos subjetivos”.
        Luego, al “Estado de Derecho” o “Estado Constitucional” le corresponden las pautas y principios del “Constitucionalismo Clásico”.


2do. La evolución. La “Democracia Social”.

        La “Democracia Social” se nutre de las enunciaciones del “Constitucionalismo Social”.

        Corresponde señalar en primer término que la ubicación de la ‘democracia social”, como etapa evolutiva de la democracia política no puede ser entendida como una operación de resta, por el contrario, resulta un enriquecimiento, un potenciamiento.
        La “Democracia Social” no abdica de los enunciados principistas de la era democrática y constitucional. No niega los postulados del Constitucionalismo Clásico, sino que acepta sumar a su contenido nuevos datos de la realidad como por ejemplo las desigualdades reales, los grupos vulnerables, la irracional concentración de riquezas, etc.
        En segundo término, no caben dudas que si la democracia tradicional tiene algún porvenir, será en el marco de una “Democracia Social”.
        La tan angustiante supervivencia de la democracia, es, nada más y nada menos que la “Democracia Social”
        Por ello, al modelo político de una “Democracia Social” corresponde el modelo constitucional de un “Estado Social de Derecho” o más precisamente “Estado democrático y social de Derecho”, el que se formaliza a través de los cánones del “Constitucionalismo Social”.
        Ni la “Democracia Social”, ni el “Constitucionalismo Social reniegan del garantismo, puesto que el garantismo constituye una radical oposición a toda forma de dictadura o autocracia, por el contrario potencia el garantismo, pues el constitucionalismo social se presenta en su raíz filosófica como la alternativa viable a los viejos modelos del individualismo y totalitarismo contemporáneos. El sustento del Constitucionalismo Social y la Democracia Social es el “SOLIDARISMO”.


        Luego, el Constitucionalismo Social reconoce, por un lado,  una clara filiación con los Derechos Sociales como una ampliación de los derechos subjetivos individuales que había consagrado el constitucionalismo clásico, y por otro, y como consecuencia de lo anterior, reconoce un Estado Activo en la promoción y protección de esos derechos sociales, en función de propender en todo momento a reconocer la dignidad de la persona humana en cualquier momento de su existencia.
        El Constitucionalismo Social busca liberar a la persona no sólo de la opresión política, sino también frente a cualquier forma o manifestación denigrante para el desarrollo de su personalidad
        Los famosos “freedon from opressión” de la Suprema Corte de los EE.UU.
        El trasfondo filosófico de la cuestión conduce a situar esta problemática de la democracia social en el plano del constitucionalismo social y en los condicionamiento para la vigencia absoluta de la libertad.
        Y esto requiere que esa sociedad en la cual la persona desenvuelve su existencia y procura su desarrollo, no sea concebida como un este abstracto, sino como una realidad concreta, histórica y variable, en cuya composición encontramos sectores que son “ricos”, “pudientes”, “sumergidos”, “excluidos”, etc. La sociedad contiene realidades y ofrece pluralidades que se particularizan por numerosas notas de diversidad.
        Quizás la frase o meta característica del Constitucionalismo Social sea la de “Igualdad de oportunidades”, por la que se procura abarcar al mayor numero de componentes de la mayor cantidad de sectores sociales.
        Es el compromiso social de alcanzar oportunidades generalizadas y amplias que permitan a la mayoría (cualitativa y cuantitativa) superar la situación de exclusión o vulnerabilidad y poder así, acceder a la posibilidad de un goce real de aquellos derechos que el constitucionalismo clásico reconoció como los más inherentes a la personalidad humana.
        De nada sirve, seguir reconociendo y proclamando catálogos de derechos si la mayoría de sus destinatarios se sitúan por debajo de las condiciones mínimas de bienestar que permiten al hombre ejercitar esos aspectos de su libertad.
        El Constitucionalismo Social aspira a un gobierno de hombres según las leyes, en el marco de condiciones que aseguren al mayor número las posibilidades concretas y efectivas del goce de los derechos proclamados.
        En los últimos años y en la actualidad se advierte la aparición de nuevos derechos sociales para proteger a titulares que surgen con la fuerza o la justificación social suficiente como para obtener la protección jurisdiccional que les permita superar la necesidad para gozar de libertad (derecho de los niños, de los ancianos) y también surgen grupos que adquieren entidad y perfil como para obtener el reconocimiento de su personería en la concreta situación de poder emplazar al Estado para alcanzar la satisfacción de ciertas necesidades (consumidores, pueblos originarios) y también el reconocimiento de nuevos bienes jurídicos a proteger a través de la técnica de los derechos sociales (medio ambiente)


3ro. El tema de las garantías constitucionales.

        Siguiendo al profesor Ferreyra, el bloque garantista de nuestra Constitución, tiene al menos dos finalidades bien definidas: a) proteger y satisfacer los derechos fundamentales, y b) asegurar las formas jurídicas y políticas del Estado y su sistema de gobierno.
        Así, podremos referirnos a “garantismo constitucional” en cuanto se postula conferir a la Constitución jurídica del Estado una posición de garantía de los derechos fundamentales, a través de los vínculos que impone a los poderes constituidos, para el desarrollo de las funciones estatales. La Constitución cumple una función de garantía.
        De igual modo, también podremos hablar de “garantismo constitucional” cuando nos refiramos a las garantías  constitucionales para el correcto funcionamiento del sistema y orden constitucional. En este marco la Constitución esta garantizada.
        En el primer caso, se alude a las herramientas específicamente diseñadas para “garantir los derechos constitucionales”, es decir cuando son estipuladas para la reparación o satisfacción de los derechos o garantías individuales, grupales o colectivos, a los que el texto constitucional confiere reconocimiento.
        En el segundo, las garantías constitucionales son previstas para defender el sistema jurídico que ella misma organiza. Son las garantías que la Constitución se confiere a si misma para asegurar su jerarquía y primacía dentro del ordenamiento jurídico estatal.
        Ahora bien, más allá de estas perspectivas, en la dinámica propia de la interpretación social de la defensa de la Constitución, podemos afirmar que se defiende la vigencia de la Constitución no sólo cuando se defiende su jerarquía y primacía, sino también cuando se protegen y resguardan los derechos de todos/as y cada uno/a de los/as ciudadanos/as que la integran. Del mismo modo, puede sostenerse, que al defender los derechos constitucionales de las personas, exigiendo la operatividad de las garantías constitucionales individuales, estamos protegiendo y defendiendo la vigencia de la Constitución.
        En esta secuencia, las garantías constitucionales particulares o individuales son definidas como las herramientas de naturaleza reactiva y defensista que se ofrecen a los habitantes para que, en cada caso singular o general en que se repute producida una vulneración o amenaza de lesión de un derecho fundamental o del estatuto de los poderes, puedan acudir a ellas y obtener la preservación del derecho o el reestablecimiento del equilibrio de los poderes.

4to. Las tareas del Congreso.

        Resulta interesante destacar el fuerte vínculo existente entre Constitución y Congreso, por la fuerza normativa de la tarea legislativa y su posiblidad de concretizar u operativizar derechos constitucionales con la dinámica propia del desarrollo de la sociedad.
        Tradicionalmente al Congreso se le han reconocido, entre muchas otras, las siguientes actividades: a) representativas, b) legislativas, c) de control, d) preconstituyentes.
        El punto es la trascendencia que tales tareas expresan en relación a cuatro garantías de la Constitución:
        i) la tarea representativa, originada por el principio que garantiza la división de poderes, que remite a una idea nuclear que gobierna el esquema del garantismo constitucional: “que la política debería ser constitucionalmente adecuada”
        De lo que se trata es que las decisiones políticas se elaboren y ejecuten en virtud del marco que estatuye la Constitución.
        ii) la tarea legislativa que el profesor Ferreyra ubica lógicamente en la garantía de reserva de ley, la que se encuadra en el elenco de garantías para la defensa del derecho de la constitución.
        iii) la tarea de control parlamentario que opera como verdadera garantía de la defensa del derecho de la Constitución, la que se configura a través de la estipulación normativa de vínculos jurídicos institucionales impuestos al poder estatal para la satisfacción y respeto de los atributos y prerrogativas de las personas. La garantía constitucional materializa la seguridad de que ciertos límites jurídicos no serán transgredidos.
        iv) la tarea preconstituyente, que garantiza de modo expreso y estricto el procedimiento de modificación del texto constitucional
        Formulada esta caracterización de tareas corresponde recordar que el art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 dispone el siguiente principio: “toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no este asegurada, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución”.
        Ello nos remite, en primer lugar a que todo pacto constitucional debe asentarse en la primacía y centralidad de la persona, luego desde el constitucionalismo social se habrá de priorizar la reivindicación total e integral de la dignidad de la persona y lo que ello implica en la consecución de su plan de vida y desarrollo personal.
        Téngase presente que la circularidad constitucional condiciona la libertad y garantías individuales de la persona a la forma en que se estructura la división de poderes y la forma en la que se lleva adelante la tarea representativa del Congreso. El  poder limitado es el único modo posible de garantizar la libertad ciudadana y sus garantías individuales.
        Para subrayar aún más la importancia de la división de poderes y las garantías individuales, podemos citar a Manuel García Pelayo, quien sostenía que, por encima de las garantías parciales de derechos individualizados, el estado liberal cuidó también de asegurar el conjunto de libertades mediante un sistema general de garantías, posible gracias a la estructuración de la Constitución con arreglo a un esquema racional, y que dio lugar a la división de poderes y al Estado de Derecho.
        No caben dudas entonces que la tarea desarrollada por el Congreso, ya sea en su perfil legislativo o en el representativo, constituye un formidable escudo de protección para las libertades individuales de las personas.
        Llegado a este punto y a fin de cerrar la vinculación de la actividad del Congreso con el Constitucionalismo Social y la Democracia Social, cabe preguntarse si la realización de los derecho fundamentales no dependen en buena medida de la posición y actuación del cuerpo legislativo.
        Entiendo que en la actualidad ninguna sociedad puede estructurarse como una Democracia Social, que armonice sus postulados con el Constitucionalismo Social, si no es a través de un activo y decidido protagonismo de un Congreso fortalecido institucionalmente, capaz de poner de manifiesto la voluntad popular, desarrollando sus atribuciones constitucionales proveyendo lo conducente al progreso económico con justicia social, como indica el art. 75 inc. 19 de la CN.
        Ahora bien, para mejorar su labor institucional, el Congreso –y el sistema político claro- ha transitado el paso de una democracia representativa a una democracia participativa y ha dado impulso para que la población adquiera nuevas condiciones sociales: educación, trabajo, vivienda, salud, medio ambiente etc.
        El algún punto la existencia del Derecho y del Estado sólo encuentran justificación en la tutela y satisfacción de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, libres e iguales en dignidad y derechos.
        En este marco teórico, los derechos fundamentales y las garantías constitucionales individuales, apoyan su vigencia  directamente en la Constitución y valen lo que valgan la eficacia que demuestren tener las herramientas creadas para otorgarles tutela, poseen un contenido esencial que el poder constituyente estableció indisponible para el Congreso, y tienen un triple mecanismo garantista:
a) son intocables e indisponibles para todos los poderes instituidos del Estado, b) el contexto secundario de su vigencia puede ser reglamentado exclusivamente por el Congreso, c) control judicial de constitucionalidad.
        Reservar al Congreso la reglamentación del contexto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, supone privilegiar la superioridad democrática del procedimiento de elaboración legal que utiliza la vía parlamentaria.

Final:
        Entiendo que desde el plano teórico ha quedado suficientemente explicitado que el Congreso es el ámbito de mayor relevancia para garantizar los derechos fundamentales y las garantías individuales, lo que no es otra cosa que garantizar el derecho de la Constitución.
        El Congreso debe fortalecer todos los días su credibilidad, una forma es perfeccionando su rol constitucional de hacedores de leyes.

        Así y sólo así, el Congreso aportará al Constitucionalismo Social, pues cumpliendo acabadamente su función constitucional podrá verificarse el presupuesto que el fraccionamiento del poder del Estado es garantía de libertad del ciudadano/a.




Víctor Hortel