lunes, 15 de febrero de 2016

LO PENAL







La “cuestión penal” nos tiene acostumbrados a transportarnos a un escenario vergonzante; donde confluyen desde el oportunista político, hasta el discutidor de todo. Una tribuna donde todos los sectores de la sociedad tienen derecho a participar.

“Lo penal”, genera tal grado de discusión y polémica por los bienes jurídicos que protege  - o pretende proteger- que abarcan un espectro muy amplio y variado. Desde la vida y la libertad, la delincuencia de cuello o guante blanco-que genera perjuicios por millones de dólares- hasta el robo de una bicicleta.

En este escenario de “lo penal” se destacan dos elementos que se encuentran permanentemente en tensión, “lo jurídico” por un lado y “el poder”. Así, con tal estructura, el Estado de Derecho tiene la pretensión que el “derecho” cumpla la doble función de ser el organizador de la sociedad y además limitante o controlador del poder. Poder que también condicionará  al derecho.

Es así, que en este contexto de tensión o conflicto, en el que los factores de poder permanentemente buscan la forma o modo de ampliar su influencia e incumbencias, se desarrolla “el poder punitivo del Estado”.

Poder punitivo que resulta ser la manifestación del poder en materia penal, para algunos; la fuerza que motoriza el brazo ejecutor de la política criminal de un estado y que se nutre de la actuación o participación de una multiplicidad diversa de actores que van moldeando o esculpiendo ese poder punitivo, como pueden ser el poder político, el poder judicial, el poder mediático, las agencias de seguridad, etc.

Arturo Sampay, enseñaba que la Constitución y la legislación consecuente, son obras de las clases dominantes, así que, quien ejerce el poder, impone o pretende imponer su orden jurídico.  Esto se ve, de modo más categórico cuando lo que se pretende normativizar es la cuestión penal (derecho penal), la ‘ultima ratio”, lo más preciado y los horrores más tremendos que la sociedad pueda experimentar.

Es en este punto donde –según mi humilde opinión- el debate deja de ser “técnico” y se presenta con el ropaje de lo “ideológico”. Debe pensarse el sistema penal como una definición ideológica en su sentido más acabado. Por eso generó tanto rechazo y descalificación el intento de discutir y/o debatir el Código Penal, pues discutir  el poder penal, discutir el poder punitivo, es interpelar y cuestionar el poder más férreo que tienen hoy en día los factores de poder en la Argentina.

El Código Penal argentino, de cien años, es el reflejo de los factores de poder de una sociedad absolutamente distinta a la actual. Es el reflejo de una sociedad donde no existía internet, donde no se lavaba dinero por medio de deudas millonarias, donde las empresas no fundían países utilizando el sistema financiero, el derecho internacional no sabía de genocidios, ni se hablaba de delitos de lesa humanidad. En nuestro caso particular, la Argentina no había experimentado aún el perfil más oscuro y tenebroso de la dictadura cívico- militar, como resultan la desaparición forzada de personas y la apropiación de bebes.

Cuando discutimos sobre la “cuestión penal”, “lo penal”, “el poder punitivo”, estamos generando un debate ideológico sobre el brazo penal de los factores de poder real que se encuentran en permanente tensión con el derecho.
Y la cuestión es ideológica porque de lo que se trata es a quienes vamos a proteger más?, qué bien jurídico debe ser más protegido?, que delito es más aberrante?, que sector social, o que sector de la población será el más castigado?.

No podemos dejar que nos confundan con una discusión menor sobre si la pena de un delito debe ser cinco años mayor o menor, en todo caso la discusión debería ser: a quienes vamos a encerrar?, cual es la finalidad de la pena para la sociedad argentina?.

Al tratar la cuestión penal, los comunicadores pertenecientes a los factores de poder real nos colocan en la discusión sobre la cantidad de pena que corresponde a ese que han criminalizado como “moto-chorro”, pero que evitan hablar de las penas que se merecen los empresarios cómplices de los delitos más vergonzantes de la dictadura militar. Estos comunicadores, que disfrutan de alardear una supuesta especialidad en temas penales, utiliza muchísimo tiempo en hablar y debatir sobre el micro delito, pero nada dicen sobre la participación de las estructuras de las agencias de seguridad en el crimen organizado o crimen complejo; se llenan la boca hablando del pobre que roba, pero nada dicen sobre los responsables del genocidio o de la desaparición forzada de personas.

Para nosotros, que no nos referenciamos en la neutralidad académica, discutir sobre lo penal, necesariamente es una discusión ideológica.


Para terminar, una pregunta, o dos: quien puede afirmar seriamente que la prisión que sufre la referente social Milagro Sala no es producto de una persecución ideológica?. Quien puede afirmar seriamente que Milagro Sala no es una presa política?

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